La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la manera cómo ha venido adelantado sus tareas la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD),y por la falta de atención a las emergencias que se registran en el municipio de Saravena en Arauca.

En las últimas semanas, el municipio se ha visto afectada por la ola invernal que azota este sector del país, la cual ha ocasionado inundaciones dejado miles de damnificados y pérdidas de viviendas, muebles, sembrados de pancoger, ganado y vías. El pasado 26 de mayo falleció un niño de cuatro años por el desbordamiento del río Tigre en el municipio de Fortul. 

Ante el alto riesgo de que se presente una tragedia y afectaciones para la vida e integridad física de los habitantes de Arauca, la Defensoría del Pueblo remitió un requerimiento urgente al director de la UNGRD para que haga presencia en Saravena y disponga los recursos, maquinarias y medidas que permitan atender la calamidad pública que actualmente se presenta en el departamento. 

La ineficaz e inoportuna acción de las autoridades aumenta la condición de vulnerabilidad de las comunidades asentadas en las zonas inundables. El llamado de la Defensoría del Pueblo es a evitar una tragedia que aumente el sufrimiento de los araucanos, quienes padecen el rigor de la violencia derivada del conflicto armado interno. 

Durante una mesa de interlocución realizada el pasado viernes en Saravena, Arauca entre los gobiernos nacional y territorial y los voceros de la movilización social, que se adelanta desde el pasado 6 de junio ha tenido como prioridad que sea atendida la crisis invernal. 

Tema que ha causado molestia en esa población, puesto que la UNGRD no ha asumido compromisos concretos para atender la emergencia invernal que está causando estragos por el desbordamiento de varios ríos, caños y quebradas en ese departamento.  

El espacio de diálogo fue presidido por la viceministra del Interior para el Diálogo Social. Participaron la viceministra de Educación, delegados de los ministerios de Agricultura, Trabajo, Minas y Energía y Relaciones Exteriores. Así mismo, funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Agencia para la Renovación del Territorio y la Agencia Nacional de Tierras. También asistieron el Gobernador de Arauca, alcaldes municipales, representantes de organismos internacionales, órganos de control y voceros de las empresas Sierracol y Parex. 

La protesta y las concentraciones no se levantaron, por lo que el Ministerio del Interior convocó para el próximo 21 de junio la continuación de la mesa. 

Defensoría del Pueblo, garante de la protesta pacífica 

La Defensoría del Pueblo, a través de su Delegado para la Conflictividad Social, Jorge Calero, y la Defensora Regional Arauca, Natalia Puerta, fue garante en el encuentro, e indicó que la protesta social en ese territorio se está ejerciendo de manera pacífica y cuenta con el acompañamiento de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo en los diferentes puntos de concentración. 

Garantizar los derechos de los manifestantes y de las personas que no forman parte de la movilización, verificando que los cierres de vías no obstruyan el paso de ambulancias, pacientes, alimentos, gas, transporte funerario y otros bienes de primera necesidad, es el propósito de la entidad protectora de los derechos humanos en Colombia. 

Las falencias de la UNGRD 

Recientemente, la Procuraduría General de la Nación inició una investigación a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres debido a su ausencia en las reuniones convocadas para planificar la atención que le pueda hacer frente a una posible emergencia humanitaria por la llegada de alrededor de 7.000 colombianos a Guainía y Vichada, de ser deportados o retornados por el gobierno venezolano. 

Los connacionales, que trabajan en las minas de Yapacana, estado Amazonas del país vecino, corren el riesgo de ser expulsados al no contar con permisos para ejercer su labor como mineros. 

Otros hechos, como los presentados en la Mojana sucreña (Sucre), Bahía Solano (Chocó) y Mocoa (Putumayo) dan cuenta de un panorama que refleja falta de previsión y capacidad de respuesta de la UNGRD, cuando debería estar plenamente preparada para atender emergencias en cualquier territorio de la geografía nacional. 

La planeación y correcta ejecución presupuestal y la contratación del número requerido de personal son aspectos fundamentales que deben cumplirse con la mayor rigurosidad en la Unidad. De ninguna manera pueden invocarse fallas internas como excusa ante la falta de acciones eficaces en situaciones de emergencia que demanden su concurso. 

La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente para que sean adoptadas medidas inmediatas que permitan a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres cumplir su misionalidad de forma eficiente y adecuada. 

*Con información de la Defensoría del Pueblo.